Ciudad de México, 28 de mayo de 2025. — A solo días de una elección inédita que definirá más de 800 cargos judiciales en todo el país, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) advirtió sobre los graves riesgos que representa el actual proceso para la independencia del Poder Judicial, la certidumbre jurídica y el Estado de derecho en México.
En una postura firme, el organismo empresarial denunció que lo que debió ser una reforma judicial para fortalecer instituciones ha devenido en una elección opaca, improvisada y diseñada para el control político del aparato de justicia. Ante este panorama, COPARMEX anunció la implementación de un operativo nacional de observación ciudadana, con más de 215 personas registradas y capacitadas ante el INE, desplegadas estratégicamente para vigilar el desarrollo de los comicios.
Una elección sin garantías democráticas
El próximo 1 de junio no solo se elegirá a representantes populares. Por primera vez en la historia moderna de México, cientos de jueces, juezas y magistrados serán seleccionados mediante voto popular en un proceso que COPARMEX califica como un intento de captura del Poder Judicial.
“El proceso judicial ha sido transformado en una herramienta política. No se privilegió el diagnóstico técnico ni la profesionalización, sino la lealtad política. Hoy está en riesgo la imparcialidad de quienes deben juzgar”, alertó la organización en su posicionamiento oficial.
Además, denunciaron que no existen criterios técnicos claros ni mecanismos confiables de evaluación, lo que abre la puerta a la improvisación, el clientelismo y la manipulación política.
Irregularidades, opacidad y desinformación
Uno de los principales señalamientos de COPARMEX es que las campañas judiciales han adoptado las peores prácticas de la política partidista: discursos populistas, estrategias de promoción sin sustento jurídico, y una falta alarmante de información pública sobre los perfiles de los candidatos.
“El voto por jueces no puede ser un concurso de popularidad”, enfatizaron. “La justicia no se construye con aplausos, sino con formación, vocación y compromiso con la Constitución.”
La organización también alertó sobre la falta de condiciones para que la ciudadanía ejerza un voto informado. La boleta electoral, dijeron, está llena de nombres sin rostro ni trayectoria visible, lo que imposibilita un escrutinio público real.
Vigilancia ciudadana: el último bastión democrático
Ante esta situación, COPARMEX activó un dispositivo nacional de observación ciudadana, que cubre más del 60% de los distritos electorales federales. El esfuerzo busca documentar irregularidades, visibilizar fallas estructurales y denunciar violaciones al marco jurídico en este proceso electoral sin precedentes.
En estados como Veracruz y Durango, donde coinciden elecciones judiciales y otros procesos locales, el organismo empresarial detectó un entorno propicio para la confusión y la manipulación.
Además, COPARMEX expuso que, aunque más de 316 mil personas han solicitado acreditación para fungir como observadores electorales, solo 139 mil han sido acreditadas y más de 48 mil fueron rechazadas por estar vinculadas a partidos o programas sociales, lo que evidencia el riesgo de que actores políticos busquen infiltrar la observación ciudadana.
Un llamado urgente: defender la justicia es defender a México
En su pronunciamiento, COPARMEX reiteró que esta elección judicial no representa una verdadera reforma y que su implementación afecta la certidumbre jurídica, el desarrollo económico y el orden democrático del país.
“Frente a la desinstitucionalización del proceso, la ciudadanía debe asumir el papel que el Estado ha dejado vacío. No podemos permitir que la justicia quede secuestrada por intereses partidistas o del crimen organizado”, subrayó.
La organización concluyó con un mensaje claro:
“La legalidad no se vota, se defiende. La imparcialidad no se negocia, se protege. Hoy, más que nunca, defender al Poder Judicial es defender la democracia, la economía y el futuro de México.”
Con este operativo de observación, COPARMEX busca convertirse en un dique de contención frente a un proceso que, en lugar de consolidar la justicia, podría fracturarla desde su origen.